Es tan habitual como inaceptable que exgobernantes y expolíticos se coloquen sin impedimento alguno en empresas privadas pertenecientes a sectores que requieren de algún tipo de regulación o supervisión del Estado: eléctricas, energía, banca, telecomunicaciones, etc.

Se espera de los políticos que tomen decisiones, que gobiernen por delegación popular en beneficio del interés general. Pero se dedican en su gran mayoría, si no caen directamente en la corrupción en el ejercicio de sus funciones, a asegurarse para ellos y su casta toda clase de beneficios y privilegios presentes y futuros, como ya hemos visto en multitud de ocasiones en lo que se refiere a sueldos, dietas y jubilaciones.

Pero existe un tipo de corrupción consentida, más sibilina y refinada, que es la que nos ocupa. El último caso es el de Elena Salgado, hasta hace sólo tres meses exvicepresidenta y exministra de Economía del último Gobierno socialista, y ahora fichada por Endesa como consejera de la compañía eléctrica para su filial en Chile, Chilectra. Los exaltos cargos del Gobierno tienen prohibido trabajar durante dos años tras el abandono del puesto en una empresa privada, y durante este periodo reciben el 80% de la retribución. Pero los valiosos conocimientos y consejos que Dª Elena Salgado va a poner a disposición de la Compañía Eléctrica no son para España, por lo que parece improbable que el Gobierno no de el visto bueno.

Pero es que ni a los tres meses ni a los dos años. Un político no puede, no debe, poner la información adquirida en virtud de su cargo al servicio y en beneficio de empresas privadas, menos si la actividad de estas está regulada por el Estado, y menos aún si, además, también cobran de él. Por otra parte, cómo van a gobernar en contra de los intereses de estas corporaciones si de ellas depende su próspero futuro económico.

Muchos son los expolíticos de distintos partidos en nómina de grandes empresas en comunión con los intereses de estas, algo imposible cuando se trataba del bien común y las siglas se lo impedía. Así, Endesa acoge a la socialista Elena Salgado y al expresidente popular, Jose Mª Aznar. También el exministro socialista de economía, Pedro Solbes, es consejero de Enel, matriz de Endesa, y al consejo de administración de esta última perteneció hasta su nombramiento, Luis de Guindos, actual Ministro de Economía, quién antes fue responsable en España de Lehman Brothers, el banco cuya quiebra nadie intuyó y está en el génesis de la crisis.

Por cierto, descarada y vergonzosa esta última práctica inaugurada por Rajoy, nombrar ministros y altos cargos de responsabilidad a quienes hasta justo antes de su nombramiento pertenecían a empresas de las áreas que van a gestionar, esto es, integrar a los lobys en el Ejecutivo; tal es el caso del mencionado Luis de Guindos en Economía, o el de Pedro Morenés en Defensa.

En la lista de expolíticos ahora en empresas figuran, además de los ya mencionados, Felipe González como consejero de Gas Natural y a su exministro económico, Miguel Boyer, consejero de Red Eléctrica Española y FCC, en cuyo Consejo de Administración se sientan Nicolás Redondo y Marcelino Oreja; Endesa y ACS cuentan como consejero con el expolítico de CiU, Miquel Roca y Junyent. El Banco Santander acoge en su seno a Isabel Tocino y Abel Matutes; Rodrigo Rato es presidente de Bankia, entidad para la que también trabaja Ángel Acebes; Barklais cuenta con Pedro Solbes y Narcis Serra, exministro de defensa y vicepresidente con Felipe González, está en Caixa Cataluña además de en Gas Natural.

Josu Jon Imaz es presidente de Petronor y Louis Carlos Croissier consejero de Petronor; Josep Borrell es consejero de Abengoa y Jose Mª Michavila de JP MOrgan. Jose Antonio Ardanza trabaja para Euskatel, mientras que para Telefónica lo hace Eduardo Zaplana.