Cristina Cifuentes arremete contra los jueces

La Delegada del Gobierno en Madrid, con su característica lengua viperina, Cristina Cifuentes, arremete contra los jueces en referencia a la paralización judicial de la externalización de varios hospitales públicos, que motivó que la Comunidad de Madrid suspendiera dicho proceso y la dimisión del consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty.

Ha reprochado a los jueces «que interfieran con sus actuaciones en decisiones que son políticas»…»no sabe si los jueces están haciendo política, pero lo que han hecho en este caso es difícil de explicar a los ciudadanos”. Ha recalcado que la externalización de la gestión hospitalaria no la han paralizado las mareas, ni el PSOE ni los sindicatos, «sino un juez» (europspress).

No es consecuencia de alguna secuela del citado accidente tamaño disparate. Las sandeces y desvergüenza vienen de antes. Repasemos.

En respuesta a los escraches dirigidos hacía algunos políticos del PP promovidos por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca“La PAH y su lideresa (Ada Colau) últimamente parece que tienen ciertas inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras.”

Antes, cuando la Puerta del Sol madrileña estaba tomada por el 15-M, disfrazada de indignada, se infiltraba en las asambleas que allí se celebraban para enterarse que se cocía, actitud calificada por los sindicatos policiales de infantil e innecesaria.

La Delegada del gobierno, en otra ocasión, se mostró partidaria de restringir el derecho de manifestación (había, hay, muchas en Madrid): la ley que regula ese derecho es “muy permisiva y muy amplia”, por lo que sería aconsejable “no prohibir, sino modular este derecho de manifestación.”

La señora destila inquina a todo lo que huele a democracia, no sé si por convencimiento o amargura por la ausencia del marido. No sé hasta cuándo vamos a tolerar que nos gobiernen estos nostálgicos de la dictadura.

Desahuciado sin deudas y a traición

Manuel, un jubilado malacitano, salió de su casa, en la que vive de alquiler desde hace tres años y paga religiosamente los 600€ de alquiler estipulados, a dar un paseo a las 10 de la mañana. Alas 13h, de vuelta a casa, se encuentra que no puede entrar, una comisión judicial había cambiado la cerradura y dejado una nota pegada en la puerta: había sido desahuciado; se quedaba sin casa, sin dinero, sin documentación, sin más ropa que la puesta y hasta sin coche, porque las llaves estaban en el interior de la vivienda . El motivo, las deudas que su casero mantiene con una entidad bancaria.

La comisión judicial, aun comprobando que la vivienda estaba ocupada, ejecutó el lanzamiento y cambió la cerradura sin hacer más comprobaciones. De hecho, en el documento que dejó en la puerta se hacía constar que la casa «al parecer» estaba ocupada puesto que una vez descerrajada la cerradura había comprobado que existían enseres personales en el interior. Pese a todo, nadie se ocupó por localizar al residente ni de tener en cuenta qué derechos podía hacer valer. Simplemente, en el papel pegado en la pared figuraba el número del juzgado (Primera Instancia número 7) y el nombre y teléfono del procurador.

Esto supera todos los límites de lo imaginable y permisible, es una violación de la intimidad, del domicilio, de los derechos del ciudadano y de la legalidad, un atropello posible por la ilegítima actuación conjunta de los tres poderes del Estado al servicio del lobby bancario.

El Banco Popular, instigador del desahucio, a los dos días del mismo, le propuso dejarle vivir durante un mes y medio en el domicilio, su domicilio, tiempo para que se busque otra vivienda. «Es un acuerdo que he firmado y que acato, pero es el acuerdo que firma alguien desde la indefensión, presionado porque no tiene donde vivir».

Desahuciado a traición y sin tener deuda alguna. Todo un sinsentido.

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