Quién crea que España es un país democrático, un Estado de Derecho, es un iluso. Este es un país de mierda, con Instituciones de mierda, regido, gobernado y administrado por zurullos y que aplica una justicia de mierda. Desprende un tufo insoportable, vomitivo, que los ambientadores no logran disimular.
Es indignante, una provocación, un desafío, una afrenta, un insulto, una tomadura de pelo, es vergonzoso e inadmisible, que el Tribunal Supremo haya condenado al juez Garzón a 11 años de inhabilitación por considerarle culpable de prevaricación y de vulnerar los derechos legítimos de defensa, al haber autorizado escuchas teléfonicas en la trama de corrupción Gürtel entre los acusados y sus abogados.
Sentencia casi simultánea a la no menos vergonzosa que declaró no culpable al principal encausado en dicha trama, Francisco Camps. La justicia española ni es ciega, ni igual para todos ni, menos aún, justa. En la imagen que la representa, la balanza está descaradamente descompensada y la venda que tapa sus ojos debiera sustituirse por una pinza en la nariz
Ni el Tribunal Supremo, ni la Sala segunda de lo Penal del mismo, ni los jueces que la han constituido en la causa contra Garzón, me merecen respeto alguno. Con su decisión han afianzado al estado de derecho desecho.
La separación clásica de los Poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) y la independencia de funcionamiento entre ellos, formulada definitivamente por Montesquieu, que caracteriza y conforma un Estado de Derecho, hoy en día, en España, es una quimera. Los tres unidos surcando un cielo azul tras una gaviota.
