El Gobierno ha modificado la Ley de Seguridad Privada en beneficio de las empresas del sector, otorgando a los vigilantes privados funciones policiales. El Gobierno privatiza la seguridad. Aparte de las tendencias ultraderechistas de las empresas privadas de seguridad y de la escasa preparación de sus vigilantes y auxiliares (y lo digo con conocimiento de causa), el Gobierno rompe uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho como es el del exclusivo y legítimo uso de la violencia.
La Ley permitirá a vigilantes identificar, cachear y detener a ciudadanos en los polígonos industriales, las urbanizaciones, las zonas comerciales peatonales y los acontecimientos deportivos, culturales u otros que se desarrollen en vías o espacios públicos. Desde este momento me siento más inseguro en la calle, pudiendo ser objeto de la arbitrariedad y el capricho de un descerebrado armado. Un tonto uniformado se crece, si además le das autoridad y un arma, se convierte en un sujeto peligroso.
Al igual que en Sanidad o Educación, el Gobierno del PP beneficia, contenta y enriquece a una parte de sus votantes y donantes con una La Ley de Seguridad Privada inadmisible, malévola, deplorable, fascista y anticonstitucional.
